La garantía definitiva es el depósito obligatorio que toda empresa adjudicataria de un contrato público debe constituir antes de firmarlo, como respaldo frente a un incumplimiento. Su importe estándar es el 5% del precio de adjudicación, IVA excluido, según fija el artículo 107 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), y se recupera, sin intereses, cuando el contrato se ejecuta correctamente y transcurre el plazo de garantía posterior.
Cuánto hay que depositar y cuándo
El importe general es el 5% del precio de adjudicación sin IVA (art. 107.1 LCSP). Hay dos variantes que aumentan ese importe:
- Garantía complementaria del 5% adicional (art. 107.2 LCSP): obligatoria cuando el contrato se adjudica a una oferta que fue calificada como anormalmente baja (baja temeraria) y, pese a ello, se justificó y se aceptó. En ese caso el depósito total sube al 10%.
- Garantía provisional (art. 106 LCSP): a diferencia de la definitiva, es excepcional: el órgano de contratación solo puede exigirla en supuestos justificados en el expediente, con un límite máximo del 3% del presupuesto base de licitación (PBL), y se devuelve a los licitadores no adjudicatarios en el momento de la adjudicación.
El plazo para constituir la garantía definitiva es el mismo que el de aportación de documentación tras el requerimiento: 10 días hábiles desde que la empresa es requerida por haber presentado la mejor oferta (art. 150.2 LCSP). No depositarla en plazo impide la formalización del contrato con esa empresa.
Relacionado: el 5% adicional de garantía se activa cuando la oferta estuvo en presunción de anormalidad: calcula tu umbral en la guía de baja temeraria.
Las tres formas de constituirla
El artículo 108 LCSP admite tres modalidades:
- Efectivo o valores de deuda pública, depositados en la Caja General de Depósitos u órgano equivalente.
- Aval bancario o de sociedad de garantía recíproca (SGR): es la vía más habitual. Pignora una línea de crédito de la empresa, computa en la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España) como riesgo vivo, y tiene un coste de comisión de mantenimiento habitual del 0,5% al 1,5% anual sobre el importe avalado.
- Seguro de caución, contratado con una aseguradora (Cesce, Crédito y Caución y similares): no consume CIRBE ni pignora línea de crédito, pero exige que la aseguradora acepte el riesgo, lo que puede ser más restrictivo para empresas con menor solvencia financiera o historial más corto.
Cuándo se devuelve
La garantía definitiva no se libera al terminar la ejecución del contrato, sino tras un plazo de garantía posterior (normalmente un mínimo de 1 año desde la recepción de la prestación), más un periodo administrativo de hasta 2 meses desde la liquidación del contrato para tramitar la devolución. Si la Administración se demora más allá de ese plazo razonable, existe jurisprudencia que reconoce el derecho del contratista a una indemnización por el retraso (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sentencia de 8 de marzo de 2013).
El impacto real en la caja de una PYME
El coste de la garantía definitiva no es solo la comisión del aval: es el capital inmovilizado durante toda la vida del contrato más el plazo de garantía posterior. Una PYME con 5 millones de euros en adjudicaciones vigentes simultáneamente tiene, solo en garantías definitivas al 5%, 250.000 euros inmovilizados (más si alguna de esas adjudicaciones se produjo tras una oferta calificada como temeraria, que duplica el porcentaje a ese contrato). A eso hay que sumar el drenaje continuo de margen por comisiones de mantenimiento del aval mientras el contrato sigue vivo, y el riesgo, nada infrecuente, de que la devolución se demore más allá del plazo legal sin que nadie la reclame activamente.
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Fuentes: artículos 106, 107 y 108 de la Ley 9/2017 (LCSP), texto consolidado en boe.es; sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 8 de marzo de 2013 sobre indemnización por demora en la devolución de garantías.
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